Bizcocho y la justicia animal en Colombia

El caso de Bizcocho, el perro brutalmente golpeado en el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar, al norte del país, volvió a estremecer a Colombia y reabrió un debate que no se puede seguir postergando: la necesidad de una reforma a la justicia colombiana que incluya la protección de los animales. La rápida reacción institucional, la judicialización del agresor y la recuperación de Bizcocho bajo custodia son señales positivas. Sin embargo, este episodio evidencia que, aun con avances legislativos, seguimos lejos de garantizar una justicia plena para todos los seres sintientes.

En 2025 entró en vigencia la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), una norma nacida del dolor colectivo ante casos de crueldad y del compromiso de reconocer a los animales como seres dignos de protección. Esta ley endurece las penas por maltrato, fortalece la investigación, exige capacitación obligatoria para los operadores de justicia y establece una clasificación clara de la violencia leve, moderada y grave. Incluso permite que los casos leves se conmutan por cursos pedagógicos, apostando también por la educación como prevención.

Aun así, Bizcocho nos muestra el problema estructural: la justicia para los animales sigue siendo desigual. Cuando un caso se viraliza, las instituciones actúan con celeridad. Pero miles de animales maltratados en silencio —sin cámaras, sin titulares, sin alcance en redes— no reciben la misma atención. La aplicación de la Ley Ángel continúa dependiendo de la presión mediática, lo que es una señal de que el país aún no consolida un sistema judicial que responda de manera uniforme y efectiva.

Y frente a este escenario surge otra pregunta ineludible: ¿es necesario seguir legislando para endurecer las penas, o debemos enfocar los esfuerzos en mejorar la prevención y la educación hacia el respeto de los animales? La Ley Empatía —aprobada recientemente en su último debate— representa un paso importante en esta dirección, porque reconoce que la transformación cultural es tan necesaria como la sanción. Pero también deja claro que el problema va más allá de acumular leyes: no se soluciona con más y más normas, sino con un cambio estructural en la forma en que vemos al otro y a las otras formas de vida. Es precisamente esa mirada instrumental y utilitarista la que nos está llevando a acciones tan deplorables como la golpiza a Bizcocho.

Y aquí es fundamental recordar algo que los estudios en política criminal y seguridad llevan décadas mostrando: aumentar las penas no es una estrategia efectiva para prevenir delitos. La evidencia es clara en señalar que lo que realmente disuade no es la severidad del castigo, sino la certeza de que la conducta será investigada y sancionada. Un potencial agresor se ve más inhibido por la alta probabilidad de ser capturado que por la duración extrema de una pena, lo que demuestra que el aumento punitivo no aborda las causas subyacentes del delito, como la falta de educación, la ausencia de sensibilización hacia los animales o los contextos de violencia normalizada. Además, en un sistema judicial lento e ineficiente, donde las investigaciones no avanzan o se caen por falta de capacidad institucional, cualquier castigo severo pierde sentido porque resulta poco probable que llegue a aplicarse. Incluso, en ciertos escenarios —como el de menores infractores— las respuestas exclusivamente punitivas pueden ser contraproducentes, generando estigmatización y aumentando la reincidencia. Por eso, las alternativas más efectivas pasan por fortalecer la rapidez y eficiencia de las investigaciones, impulsar la educación y la prevención social, reducir las oportunidades de violencia mediante estrategias situacionales y promover programas de reinserción y transformación de comportamientos que permitan cambios reales y sostenibles.

Por eso, este caso debe ser un punto de inflexión. Colombia necesita avanzar hacia una reforma profunda de la justicia que incorpore plenamente la protección animal, no como un asunto accesorio, sino como un elemento estructural del sistema penal. Esta reforma debe garantizar capacidad investigativa real, fiscales especializados, políticas de prevención, mecanismos ágiles de denuncia y sanciones efectivas que no se queden en el papel. Sin una justicia reformada, las leyes —por buenas que sean— seguirán teniendo un impacto desigual.

Mientras ese cambio llega, la responsabilidad ciudadana es ineludible: denunciar siempre, acompañar los procesos y ser la voz de quienes no pueden hablar. No todos los casos son mediáticos, pero todos importan. Y precisamente por eso debemos seguir rechazando con contundencia cualquier forma de maltrato animal y exigir que la Ley Ángel se aplique con el mismo rigor en cada rincón del país.

Bizcocho se recupera y su historia se convirtió en símbolo. Nuestra tarea es lograr que también sea un punto de partida. Un recordatorio de que la justicia no debe depender de la viralidad, sino de un compromiso ético y estatal con todos los seres sintientes —los visibles y los invisibles—.

Juan Pablo Pérez,

Especialista en Política Pública - Sinergia Animal Colombia.